En 2011, en tiempos de campaña, Enrique Peña Nieto grabó un spot que llevó por título “Llamado al voto”. El entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) apareció a cuadro para pedirle a los mexicanos que favorecieran su proyecto. En el anuncio, llamaba a su equipo para que lo rodeara. “… Vengan todos por favor”, convocaba un Peña Nieto sin el cansancio y delgadez que en los años posteriores se hicieron de su rostro. “Hoy queremos pedirte que votes por este proyecto por México”. A su derecha, quedó Luis Videgaray Caso, a la izquierda Aurelio Nuño Mayer, y a unos cuantos centímetros, Emilio Lozoya Austin. Alejandra Lagunes aparecía detrás. Por las mismas fechas, Peña Nieto firmó ante Notario Público 266 compromisos de campaña para darles cabalidad durante su Gobierno.
Aquel pasado repleto de promesas está roto. Enrique Peña Nieto, Presidente de la República, va a entregar su Quinto Informe de Gobierno y la sospecha de la corrupción recorre a las figuras que lo franqueaban en aquel spot de campaña en el que prometía causar un cambio profundo en México. Lozoya Austin apareció señalado de haber sido sobornado por Oderbrecht según el proceso judicial que se sigue en una corte de Nueva York; Videgaray Caso recibió un crédito de Grupo Higa, el contratista del Gobierno federal para adquirir una casa en Malinalco, Estado de México, y Aurelio Nuño Mayer colecciona traspiés al frente de la cartera de Educación [una niña de ocho años le corrigió la pronunciación del verbo “leer”].
En cuanto a los compromisos, el Primer Mandatario apenas ha entregado el 28.35 por ciento; es decir, 102 de 266 promesas. Le faltan 164.
Erigido en observatorio, este diario digital revisó una por una las promesas del mexiquense con el fin de conocer los avances de lo que fue el sustento de su campaña como candidato. “Te lo firmo y te lo cumplo”, fue el lema en un tramo de la contienda del priista. En los primeros 18 meses de gestión, el Jefe del Ejecutivo había entregado 4.5 por ciento y al completar dos años, había alcanzado el 4.8. Cuando llegó a la mitad de su mandato, tenía el 10.52 por ciento. Un año después, en la coyuntura de la entrega del Cuarto Informe de Gobierno, tenía 22.9 por ciento.
Ya no hay marcha atrás. El tiempo apremia. Enrique Peña Nieto sólo estará un año más en el Gobierno y para entregar lo que le falta –si se considera el ritmo con el que ha cumplido– necesitará otros 10 años de Gobierno. Los números, obtenidos por este observatorio, reflejan bastante lentitud en los primeros años y gran velocidad en 2015, 2016 y 2017. Aun así, falta más de la mitad.
Ahora, ¿por qué no ha cumplido Peña Nieto? La Presidencia de la República ha aceptado mediante el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que hay rezago, pero no explica cuál es la razón para ello. En octubre de 2016, el órgano de la transparencia mexicana, le ordenó dar a conocer los acuerdos firmados, así como los documentos que acreditaran cuáles fueron cumplidos y cuáles estaban pendientes. Más allá del nivel de cumplimiento o incumplimiento, le requirió explicar cuáles fueron los motivos para no cumplir determinados compromisos.
Pero la Presidencia no ha explicado absolutamente nada. Al cierre de esta edición se esperaba su respuesta ante una solicitud de información. SinEmbargo le cuestionó cuáles eran los motivos para dejar tantos pendientes en una lista de promesas que fue notariada. Los Pinos puso en el “estatus” de la pregunta que la había recibido, que estaba en proceso de responder, pero no tenía ninguna fecha para hacerlo, lo que contraviene la normativa del acceso a la información.
En la coyuntura de la entrega de su Quinto Informe de Gobierno, el Presidente Enrique Peña Nieto grabó un paquete de 38 videos con distintas duraciones en por lo menos 15 estados de la República. En el primero se observa al Jefe del Ejecutivo federal junto a un empresario ganadero. Luego, ambos caminan por el rastro. Peña Nieto en camisa a cuadros termina frente a un asador a la espera de un corte de carne.
En el canal de YouTube de la propia Presidencia de la República aparecen los primeros 10 promocionales en los que el Presidente habla del nuevo modelo educativo, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), del apoyo a emprendedores y el avance en el medio ambiente, turismo, salud, inversión y empleo.
“Lo bueno cuenta y queremos que siga contando” es el lema que sustituye al usado el año pasado con motivo del Cuarto Informe de Gobierno, “las cosas buenas casi no se cuentan, pero cuentan mucho”.
Ya no es una fuente de promesas ni de esperanzas. Los spots sirvieron para que en las redes sociales se reprodujeran “memes” en los que lo señalaban de mentir y no haber cumplido. Desde 2014, cuando 43 estudiantes normalistas rurales desaparecieron en Iguala, Guerrero, la aprobación de la gestión del Presidente ha sido reprobatoria con el punto más bajo en 2016, de 12 por ciento.
A unos días de rendir cuentas a la Nación mediante el Quinto Informe de Gobierno, su evaluación mejoró. Según la Encuesta Nacional Trimestral del periódico El Universal pasó de tener una calificación de 25 a 28 por ciento. 68 por ciento de la población reprueba mucho o algo su gestión.
En la campaña rumbo a las elecciones presidenciales del 1 de julio de 2012, el priista Enrique Peña Nieto pidió votar por su proyecto: uno que movería a México a la prosperidad, prometió. Foto: Cuartoscuro
TRANSPARENCIA Y CORRUPCIÓN: EL SOCAVÓN
Es aquí donde están los huecos más señalados. Tanto que se parecen al socavón de ocho metros de diámetro que el pasado 12 de julio se abrió en el paso exprés Cuernavaca. El que se llevó dos vidas, la de un padre y un hijo. Ese boquete que no sólo se abrió sólo en la carretera, sino también en la vida política del país. Gerardo Ruiz Esparza, hombre cercano a Enrique Peña Nieto, desde que este gobernó el Estado de México [entre 2005 y 2011] y encargado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debe responder por este agujero. Pero no lo ha hecho. Y tampoco se le ha perseguido porque México carece de Fiscal facultado para ello.
El compromiso número uno de Enrique Peña Nieto firmado en campaña ante Notario fue la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, un organismo que sería autónomo y con dientes suficientes para erradicar ese cáncer que le cuesta al país 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, según el cálculo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Pero durante los cinco años peñanietistas los escándalos de corrupción brotaron como en cascada sin que la anhelada comisión lograra nacer. “casa blanca”, socavón, casa de Malinalco son nombres que llenan la memoria de los mexicanos para mal.
Después de que le fue descubierta una mansión en las Lomas de Chapultepec –regalo del Grupo Higa, contratista de su Gobierno– y presionado por organizaciones civiles, el Gobierno de Peña inició una nueva etapa en la historia de la lucha en contra de la corrupción con la promulgación de las leyes para fundamentar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Se trata de un edificio legal tan alto que ni los activistas que lo impulsaron, ni los mismos protagonistas creen que vaya a estar listo antes de que concluya el sexenio. Es un rascacielos que abarca desde la creación de una fiscalía y un tribunal federal especializado hasta el aumento de penas y el fortalecimiento de los organismos auditores.
El pasado 19 de julio venció el plazo constitucional para poner en marcha al Sistema, pero priistas, perredistas y panistas se enfrascaron en un agrio debate en el que intercambiaron culpas y acusaciones. La oposición no quiere que se quede en el cargo Raúl Cervantes Andrade, hoy Procurador General de la República y amigo del Presidente. El resultado: lanzaron el sistema sin Fiscal.
Enrique del Val Blanco, investigador de las políticas anticorrupción en México en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), expresa: “El SNA es como un gran monstruo por complejo. Pero esta complejidad ha sido el pretexto para enviar la imagen de que el aparato para atacar al cáncer de la corrupción está detenido y, entonces, no puede hacerse nada”.
Así, el caso Oderbrecht [el mayor acto de corrupción en Latinoamérica mediante sobornos para obtener contratos] se abrió paso en México con un nombre: Emilio Lozoya Austin, el hombre que en 2012 recibió el encargo de dirigir Petróleos Mexicanos y cimentar la histórica reforma energética que abrió el sector al capital del mundo por primera vez en 75 años. El hombre que en el spot “llamando al voto” aparece a unos centímetros de Peña Nieto está señalado por tres exdirectivos de la más grande constructora brasileña en declaraciones judiciales de recibir 10 millones de dólares en sobornos entre 2012 y 2016. Lozoya Austin ya estaba tocado por otro escándalo: el desprendido del serial de audios difundidos en YouTube sobre la forma en que Obrascón Huarte Lain (OHL) infló al infinito los costos de las autopistas que construía en el Estado de México.
En febrero de 2016, el Presidente le recibió la renuncia. Se fue mientras la producción petrolera iba en declive, los precios del crudo subían en el mundo, el nivel de importación de gasolinas y la refinación alcanzaba mínimos históricos.
El caso es el episodio más reciente. Pero en este sexenio, se llegó a la suma de 17 ex gobernadores fugados, encarcelados o investigados.
Así, la corrupción se colocó como el segundo problema que más preocupa a los mexicanos después de la inseguridad, de acuerdo con la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).
SEGURIDAD: LA PESADILLA
Cinco años después de que el Gobierno de Enrique Peña Nieto ofreció un “México en paz” como parte medular de su Plan Nacional de Desarrollo, el país ha vivido este 2017 los meses más violentos de los últimos 20 años.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que, en marzo, mayo, junio y julio, la cifra de homicidios dolosos se ubicó por encima de los dos mil casos. Las de mayo y junio –con 2 mil 192 y dos mil 237 víctimas, respectivamente– fueron además las más altas desde que se realiza este tipo de conteos, que iniciaron en 1997.
Ni aun durante 2011, que fue el año más violento del sexenio calderonista en el que empezó a dispararse la cifra de asesinatos, hubo meses con el promedio de más de 70 casos registrados a diario como los de mayo y junio.
De acuerdo con expertos en Seguridad Nacional, estas cifras evidencian el fracaso de la presunta “transformación institucional” emprendida por el Gobierno de Enrique Peña Nieto desde 2012, cuando quiso distanciarse, al menos en el discurso, de la política de combate “frontal” a grupos del crimen organizado iniciada el sexenio pasado para, en cambio, priorizar la “planeación”, el “uso de inteligencia” y la “prevención” del delito.
“El punto es que, siguiendo esta estrategia tal como la han realizado, no han tenido los resultados deseados; al contrario, se están enfrentando a un gran fracaso monumental”, dice Erubiel Tirado Cervantes, coordinador académico del Programa de Seguridad Nacional y Democracia en México de la Universidad Iberoamericana.
La “transformación institucional” iniciada por Peña Nieto este sexenio consistió en la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) creada dos sexenios antes, para pasar la Policía Federal (PF) a la Secretaría de Gobernación (Segob), a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, y ordenar la creación de la división de la Gendarmería Nacional, a cargo del mismo funcionario.
Cinco años después, la violencia se encuentra en niveles inéditos aun para México y las estrategias tanto de prevención del delito como de “transformación institucional” presentaron nulos resultados, como muestran los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) difundidas este año.
Al respecto, y después de una revisión al trabajo de la Policía Federal en 2015, el órgano fiscalizador encontró que esta corporación “no dispuso de información para determinar la utilidad de los productos de inteligencia para la ejecución de operativos ni sus resultados, por lo que la PF careció de elementos para determinar su efectividad y medir su contribución en la prevención de los delitos”.
Sobre la Gendarmería Nacional, por su parte, la ASF encontró un ejercicio de 2 mil 842.4 millones de pesos y “cero por ciento” de avance en sus metas de disuasión del delito. Esto, a partir de una revisión al plan de realizar 10 mil operativos, de los cuales se concretaron sólo 75 para los que, además, “no se definieron mecanismos de seguimiento y evaluación”.
Sobre la Gendarmería Nacional, proyecto estrella del sexenio, la ASF dijo que en la revisión de la Cuenta Pública de 2015 tiene cero por ciento de avance en sus metas de disuasión del delito. Foto: Manuela Garcia, Cuartoscuro
Desde 2015, cuando la cantidad de asesinatos empezó a repuntar en la República –luego de dos años de disminución, con respecto a los años anteriores– diversos analistas advirtieron también que, si bien había cambios en el discurso, en general, el actual Gobierno mantenía la estrategia de “descabezamiento” de los grupos del crimen organizado que, se había probado, no detienen la violencia, sino al contrario.
“La estrategia de descabezamiento lo único que provoca es que, si bien puedes detener a algunos líderes, eso por sí mismo no disminuye la violencia vinculada a la delincuencia organizada”, advierte Martín Gabriel Barrón Cruz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).
“¿Por qué? Porque lo único que se hace es fracturar al grupo que representa el líder detenido, y lo que sucede es que surgen otros; eso es lo que ha pasado desde la estrategia anterior de Felipe Calderón que nos llevó a más de 121 muertos en seis años”, agrega.
INFRAESTRUCTURA: MATERIA REPROBADA
La corrupción y los recortes presupuestales fueron los grandes enemigos de las obras de infraestructura en el país. Al inicio de su administración, Enrique Peña Nieto confió este ramo a Gerardo Ruiz Esparza, quien también fue su mano derecha cuando gobernó el Estado de México.
Hoy, el Presidente sufre con su popularidad y actores políticos y sociales exigen la renuncia de Ruiz Esparza por la tragedia ocurrida en el Paso Exprés.
Apenas iniciado el Gobierno, presentaron el Plan Nacional de Infraestructura (PNI). En ese documento se proyectó la construcción de trenes de pasajeros, acceso a Internet de alta velocidad, pozos petroleros de aguas profundas, infraestructura para la extracción de gas shale, plantas hidroeléctricas que aseguraran el agua destinada a consumo humano y riego, así como protección contra inundaciones, gasoductos, infraestructura en salud, y viviendas. Esto es, 743 programas y proyectos de inversión, en el que seis de cada 10 pesos los pondría el Estado, el resto sería de inversión privada.
Esos compromisos y además, los que Peña Nieto firmó, avanzan a marchas forzadas. En la prensa local de los estados en los que se pensó la construcción de proyectos, denominan las obras como “sólo un sueño”, “juramentos presidenciales a medias” o como “proyecto imposible”. Otra constante en estos cinco años ha sido la intromisión en tierras ejidales y/o ecocidios cometidos para la construcción.
Y además de las promesas no cumplidas, de acuerdo con especialistas entrevistados por SinEmbargo, el mayor problema es el rezago que el país postergó seis años más.
De acuerdo con el ingeniero Daniel Zamudio, quien es consultor en movilidad urbana y transporte público, “la calificación que se le puede asignar es reprobatoria, porque durante su gestión no hubo ningún cambio positivo en cuanto al porcentaje de inversión de infraestructura de transporte público y movilidad a nivel nacional y sigue la tendencia en el que más del 90 por ciento de la infraestructura ha sido destinada a obras para servicio del automóvil”.
Explicó que esa tendencia debía revertirse y que más del 70 por ciento de los recursos tenían que haber sido destinados a la movilidad.
Ese reto, el de la movilidad, fue uno con los que arrancó esta Administración; ahora será una de las herencias que deje Enrique Peña Nieto.
“No se trata sólo de lanzar proyectos de moda ni de copiar proyectos de otros países. Tiene que haber una buena estrategia metropolitana, porque los problemas de movilidad, contaminación y la parte económica por la pérdida de vida-horas-hombre, es una gran afectación”, agregó Zamudio.
La infraestructura ha estado marcada por el fantasma de la corrupción, particularmente por las relaciones, que datan de cuando el Presidente era Gobernador del Edomex, entre la SCT y empresas privadas. Foto: Cuartoscuro
Desde su perspectiva, la infraestructura peñanietista estuvo manchada por la corrupción, la mala cimentación de los proyectos y la falta de transparencia de la SCT en los procesos de licitación. “Esperemos que haya un cambio importante dentro de seis años en la SCT para poder mejorar todos los proyectos que hagan falta al país”, expone.
Para Javier Garduño, investigador de la organización Fundar, México no está en un escenario halagüeño en lo que respecta al gasto en infraestructura.
El observador expone que los datos de los últimos seis años arrojan que el gasto ejercido en inversión física ha tenido una disminución de un punto porcentual del Producto Interno Bruto (PIB) que se ha dejado de invertir, en comparación con el pico que se vio en 2014, cuando se estaba en un nivel de inversión física cercano a los 4.8 puntos del PIB.
Ahora se está en 3.7 del PIB, es decir, casi 200 mil millones de pesos que se han dejado de invertir. Y eso, agregó, tiene consecuencias.
EDUCACIÓN: AQUÍ TAMBIÉN HAY AGUJEROS
“La educación está en un socavón como el Paso Exprés, porque primero se puso la evaluación y luego el modelo”, piensa Manuel Gil Antón, especialista en Educación en El Colegio de México (Colmex) cuando repasa la experiencia del peñanietismo en materia educativa.
El especialista considera que la mayoría de los compromisos en materia educativa no se cumplió, al menos no los más importantes, como el de aumentar en 45 por ciento la cobertura en educación superior.
“No llegamos a la meta del 45 por ciento. La manera en que demagógicamente se dirá que llegamos será inflando la matrícula, inflando números de matrícula a través de los sistemas de universidad abierta para llegar al indicador. No estamos ni siquiera cerquita de que el 30 por ciento de los jóvenes de 19 y 23 años estén estudiando”, explica.
Peña Nieto tampoco cumplió con el compromiso de alcanzar la cobertura universal del nivel medio superior.
“Probablemente lo que consigan es una tasa de absorción de 100 por ciento que asegurará un lugar en una escuela de nivel medio superior, pero es distinto una tasa de absorción de egreso de Secundaria, a una tasa universal de cobertura de 15 a 18 años”, dice.
Gil Antón destaca también que la administración de Peña Nieto gastó más recursos en evaluación y propaganda del modelo educativo, que en la capacitación de los maestros.
Afirma que la promoción de la Reforma Educativa en medios de comunicación costó en 2016 casi 96 mil pesos por hora, cifra que para 2017 se elevó a 140 mil.
Sergio Martínez Romo, experto en política educativa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), expresa que tal cual fueron planteados, los compromisos de Peña Nieto tendrían 10. Pero su cumplimiento obtiene como calificación “cinco”.
El especialista señala que las promesas sustituyeron los resultados.
Ivonne Acuña Murillo, académica del departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, agrega que Peña Nieto no logró romper con la dependencia tecnológica con otros países, una inercia añeja del país.
La investigadora opina que la administración de Peña Nieto impulsó una reforma como la Energética, sin apostar por la innovación y la tecnología en México.
“Se dejó la dependencia de otras tecnologías a otros países y no se avanzó en la investigación interna. Se dejó de invertir en la creación de refinerías, se abandonó el sector”, explica.
Además, afirma Acuña Murillo, Peña Nieto prometió la publicación de estadísticas oficiales sobre el sector, pero no cumplió. “Hasta el momento no hay estadísticas oportunas sobre ciencia y tecnología” remata.
SALUD: MUCHAS, PERO MUCHAS PROMESAS
En campaña, y respaldado con el Pacto por México, el Presidente Enrique Peña Nieto llegó al Gobierno con una propuesta de seguridad social universal, que garantizaría el acceso a los servicios de salud, una pensión para adultos mayores de 65 años sin seguro social y un seguro de desempleo. Los dos secretarios que ha tenido la cartera, Mercedes Juan López (2012-2015) y el actual titular de la dependencia José Ramón Narro Robles, emprendieron sus gestiones con esta bandera, pero sin contar con las leyes que los respaldaran.
Sin embargo, la llamada universalización, que abriría las puertas a la vasta mayoría, quedó como una de las reformas estructurales pendientes y después, la baja de los precios del petróleo restó el impulso para adoptar nuevos costos políticos, coinciden los observadores.
CIENCIA Y TECNOLOGÍA: EL OLVIDO
El Presidente Peña Nieto se comprometió a incrementar año con año el presupuesto a la ciencia, tecnología e innovación hasta llegar en 2018 al 1 por ciento del Producto Interno Bruto. El presupuesto no sólo no creció durante el sexenio, sino que cayó, coinciden expertos en la materia.
Juan Carlos Jáuregui Correa, coordinador del Doctorado en Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro, destaca que durante el último año los resultados fueron aún más desastrosos, debido al recorte presupuestal al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que impactó en el número de becas y la transferencia de conocimiento al sector productivo.
“El golpe más fuerte fue a los proyectos que pagaba y que hacía en conjunto con la industria, pues se quitó el 50 por ciento. Hubo entonces mucho menos transferencia de conocimiento al sector productivo”, expresa.
Jáuregui Correa lamentó el que México cayera al 0.38 por ciento en inversión en Ciencia y Tecnología y se engrosara aún más la brecha con países competidores en la atracción de inversiones.
“No se cumplió nada de lo que Peña Nieto ofreció todavía como candidato en 2011 y luego en el Pacto por México en el 2012”, expresa Gustavo Leal Fernández, profesor de la Universidad Autónoma de México (UAM), quien detalla que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) sucumbió en el Congreso ante lo insostenible de las propuestas.
“Es decir, te mantengo la misma política económica, pero te quiero dar un seguro de desempleo enano, una pensión universal engañosa, y un seguro de salud apenas al nivel del catálogo universal del seguro popular, y eso reventó el debate parlamentario de este partido”, expone Leal Fernández, quien ha estudiado durante décadas las políticas públicas en salud.
Pero no todo quedó sin cumplir. Las reformas estructurales que sí fueron aprobadas impactaron de manera negativa en los servicios de salud con la subrogación de algunos servicios, como en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Leal Fernández hace un vínculo entre el sector salud y la reforma laboral promulgada en 2012.
“Con las nuevas figuras de contratación, y particularmente la tercerización o outsorcing, el IMSS y el ISSSTE [Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado] reciben un golpe brutal, porque el financiamiento por parte del sector patronal baja en la media que los salarios que se están cotizando son puestos en niveles más bajos”, dice.
Del año pasado a 2017, la SSA sufrió un recorte de 10 mil 399 millones de pesos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación. “A esta administración le tocó por el tema petrolero y la recaudación tributaria, y quizá este podría ser uno de los motivos por los que no se ha podido articular una política pública de salud”, considera Óscar Salvador Ventura Redondo, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad (Enaproce) 2015, el 42 porciento de las MiPymes cierran antes de los cinco años de formación.
Sin embargo, las dificultades se dividen y entienden por entidad, dice José Oliver Ambía López, director del Departamento de Finanzas del Tecnológico de Monterrey.
“Los estados de El Bajío tienen buenas condiciones económicas, impulso del sector empresarial privado y además condiciones favorables. En cambio en otros sectores del país la economía es muy adversa”, expone Ambía López.
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En la campaña de 2012, EPN prometió impulsar a la Pequeña y Mediana Empresa. Pero hoy, cuando le restan 16 meses a su sexenio, los emprendedores sufren ante la falta de incentivos, dicen analistas. Foto: Cuartoscuro
De acuerdo con la Enaproce 2015, en el país hay cuatro millones 48 mil 543 empresas en México que encajan en alguna categoría de Micro, Pequeña o Mediana. Y pese a representar al 97 por ciento del total de empresas en el país, no contaron con apoyos durante esta administración necesarios.
“Probablemente los últimos cinco años sean los años más difíciles para las MiPymes mexicanas. Cada año en cada estudio se refleja la paulatina pérdida de su importancia económica. Cada vez pierden (o el Gobierno no fomenta) créditos para este tipo de negocios importancia reflejada en su aportación al PIB”, aporta Gerardo Coutiño Montes, profesor de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH). Ambía considera que la reforma buscó atraer a la formalidad a miles de empresas, pero no dio incentivos suficientes.
“Creo que los incentivos que se dieron en lugar de ser bien comunicados, lamentablemente se tergiversaron. Y una vez más los mecanismos del registro son cada vez más engorrosos. Es decir, tienes ahora la factura electrónica, pero hubo un abismo entre quienes se sumaron a la tecnología y quienes no”, agrega.
SOCIEDAD: MÁS Y MÁS POBRES
La pobreza en México pasó de 55.3 millones de personas a 53.4 millones en el periodo de 2014-2016, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). El dato surge de un nuevo intento por parte de Inegi y Coneval para tener una serie que permita observar la evolución de la pobreza en México después de que ambas instituciones tuvieron un desacuerdo en junio de 2015 respecto a la medición del mal. Aun con la conciliación, la nueva metodología ha sido sometida a intensos cuestionamientos por parte de organizaciones de economistas independientes. Al final, la contabilidad de pobres en el Gobierno de Enrique Peña Nieto se volvió cada vez menos certera.
El hecho es que la miseria, pobreza, pobreza extrema, hambre, como se quiera nombrar, no disminuyó durante este sexenio. Un cálculo del investigador Julio Boltvinik, del Colegio de México, arroja que en los primeros 21 meses de gestión peñanietista se añadieron unos dos millones al universo de la pobreza, en promedio 105 mil cada mes, si se considera el índice laboral del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Es decir, hay más pobres porque el ingreso fue cada vez, menor.
Alfredo Elizondo Rosales, coordinador de la organización Gestión Social y Cooperación (Gesoc), reconoce también ese aumento en el número de pobres durante los primeros años peñanietistas; pero apunta que la cifra ya no aumentó. El especialista señala que en la presente Administración se notó “dispersión” de esfuerzos, una característica que tuvo el sexenio calderonista.
Otra característica de la política social de este sexenio, explica, fue lo que denomina la “modificación de la percepción” de la pobreza por parte de quienes la padecen, más que de las mismas condiciones de vida. Esto, dice, desde que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) modificó las variables de medición y, en consecuencia, impidió la evaluación del año 2015 por parte del Coneval.
Hasta antes de su Tercer Informe de Gobierno, el Presidente Enrique Peña Nieto no había presentado una política para los pobres. Los esfuerzos gubernamentales se centraron en la Cruzada Nacional contra el Hambre, programa anunciado el 21 de enero de 2013 en Las Margaritas, Chiapas, y dirigido sólo a los mexicanos en crisis alimentaria y ubicados por municipio.
El último informe de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) destaca avances en materia de políticas de inclusión y de combate a la pobreza, como la afiliación de 6.8 millones de familias al programa Prospera (que en 2014 sustituyó al anterior “Oportunidades”) y que, de acuerdo con el Gobierno federal, beneficia a 28 millones de personas, o a uno de cada cuatro mexicanos.
También destaca la afiliación o pre-registro de 6.2 millones de mujeres en el Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia –cantidad que significa el 96 por ciento de la población meta a beneficiar– y los 5.5 millones de adultos mayores en situación de vulnerabilidad que cuentan con una pensión.
Los programas son parte de los compromisos contraídos por el Gobierno de Enrique Peña Nieto en materia social desde el inicio de su administración.
Frente a ellos, sin embargo, persiste no sólo la pobreza en el país, sino su aumento y que, acuerdo con el último informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en los primeros dos años del Gobierno actual pasó de afectar a un 45.5 por ciento de la población de México, a 46.2 por ciento. En número de personas: dos millones más de pobres en los primeros dos años del Gobierno de Peña Nieto.
El Coneval contabilizó 53.4 millones de pobres en México, en el periodo 2014-2016, de acuerdo con las cifras que entregó apenas ayer. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro.
Otro de los compromisos en materia social fue fortalecer el programa Oportunidades (ahora Prospera) en estados como Veracruz. Entidad que, sin embargo, se convirtió en Promesas a favor de la población con discapacidad también fueron parte de los ofrecimientos del inicio del sexenio, como “armonizar la normativa mexicana para cumplir de manera progresiva con lo establecido por la Convención por los Derechos de las personas con discapacidad”, “incrementar el fondo de Accesibilidad en el transporte público” y “promover el respeto y la inclusión con programas realizados en conjunto con la sociedad civil organizada”, entre otras.
Su cumplimiento, sin embargo, consideran observadores en esta área, son “sólo esfuerzos aislados”. Advierte Óscar Salvador Ventura, académico de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que el país quedó rezagado en materia de protección a la nueva generación de derechos humanos.
Gabriela Martínez Olivares, directora del Movimiento Asociativo de la Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Confe), señala también que, debido a que el Gobierno federal mexicano debe presentar un informe ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el año próximo, se corre el riesgo de que metas como la adecuación del marco normativo a favor de las personas con discapacidad se hagan “al vapor”.
ECONOMÍA: SÓLO PROMESAS
En el paisaje político, los 15 compromisos en materia económica del Presidente Peña Nieto se miran cada vez más lejanos y otros de plano imposibles ya de cumplir a estas alturas.
Puede que al meter velocidad rumbo a la campaña de 2018, cumpla con los centros de exposiciones que prometió a los textileros de Hidalgo y Guanajuato, y a los campesinos de Yucatán, a los que prometió tecnificación y equipamiento de 30 mil hectáreas de campo.
Pero de los “10 compromisos para tu economía familiar”, poco queda.
Luego del último año, “ganar más por tu trabajo”, “vamos a detener el alza de los precios de los alimentos básicos”, “bajar el pecio de la luz”, “becas de transporte para estudiantes de prepa y universidad”, “todos los adultos mayores de 56 años recibirán una pensión”, “útiles escolares para niños de primaria y secundaria” o “habrá apoyos para que mejores o amplíes tu vivienda” son promesas que pasarán a ser, otra vez promesas.
De acuerdo con el maestro Abraham Vergara Contreras, Coordinador de la Licenciatura en Contaduría y Gestión Empresarial en la Universidad Iberoamericana, México ha entrado a un periodo de incertidumbre económica en el que la inflación, que es una de las cosas que prometió cuidar, se ha salido de los parámetros de control que se habían planteado y ha llegado a 6.5 por ciento a julio de este año.
Y entonces, agrega, a ese aumento de la canasta básica, se le añaden los componentes de la luz, gas, gasolina y que llevan a la inflación por arriba del 11 por ciento.
La última estimación del Banco de México (Banxico) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) prevé que el país crecerá entre 1.3 y 2.3 por ciento. Con ese dato es posible prever que se crecerá menos que en 2016, cuando se creció 2.6 por ciento.
Así ha sido cada año. Este escenario, plantea Vergara Contreras, no concuerda con lo que se dijo lograrían a estas alturas las reformas estructurales.
“Nos dijeron que en el quinto año ya estaríamos creciendo al 5 por ciento y no se ha alcanzado y es otra promesa cumplida. Tampoco, aunque no se dijo textual, está el tema del desempleo y la informalidad, que sigue en niveles muy altos: 50 por ciento de la población económicamente activa está en la informalidad; la generación de empleos ha sido insuficiente por más que se presuman 2.5 millones de empleos nuevos. Totalmente insuficiente, cuando al año se deben generar, por lo menos, 1.7 millones de empleos”, agrega el académico de la Ibero.
Las condiciones laborales en México tienen al 56.6 por ciento de los trabajadores en la informalidad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de junio de este año; son 29 millones de mexicanos que laboran sin seguridad social, cobertura de riesgos ni pensión.
Hasta el momento, el Presidente no ha puesto en marcha el “Consejo Nacional Consultivo para el Crecimiento Económico y el Empleo de México” ni tampoco el “Seguro de Desempleo Temporal para quienes pierden su trabajo y están buscando uno nuevo”, ambos proyectos que formaron parte de su planilla de compromisos.
Para Vergara, todo el discurso de estabilidad económica desde el punto de vista macroeconómico, no tiene ya sustento y se ve reflejado en la economía familiar y de las empresas, donde se ve una disminución en los recursos del país.
CULTURA, MÁS DEUDAS
En este ámbito cumplió en Zacatecas y Morelos, pero aún está en deuda con sus compatriotas del Estado de México.
Claudia Mabel Garza Blackaller, maestra en Literatura quien ha dirigido centros culturales en Coahuila, considera que la infraestructura en materia de cultura es tan importante como las carreteras. Sin embargo, lamenta que algunos municipios no cuenten con lo básico en servicios culturales, galerías, salas de concierto o teatros.
Para 2017, el ramo de Cultura recibió 12 mil 428 millones de pesos, un 21 por ciento menos que en 2016.
Para palomear la promesa número 105, aunque con un año de retraso, el siete de septiembre del año pasado el mandatario Peña Nieto inauguró el Parque Ecológico, Cultural y Deportivo de la Zona Metropolitana Zacatecas-Guadalupe, conocido como Ecoparque Centenario “Toma de Zacatecas”, cuyo objetivo es “recuperar y construir espacios ambientales que además sean espacios para la convivencia de la ciudadanía”.
En Cuernavaca, Morelos, el 11 de agosto se inauguró el Auditorio Cultural Teopanzolco, una obra de 100 millones de pesos que tiene la finalidad de ser el auditorio cultural más importante del estado. La apertura al público del compromiso número 215 también se retrasó por las especificaciones y condiciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) al estar rodeado de patrimonio arqueológico.
En materia de construcciones, con el número 173, Peña Nieto prometió un parque ecológico con unidad deportiva en Atlacomulco, Estado de México –su terruño–, con tres lagos artificiales. A septiembre del año pasado llevaba 49 por ciento de avance. Se planeaba inaugurarlo este junio, pero sigue sin concluirse.
A los habitantes de Veracruz también les firmó el compromiso 158, pero no les ha cumplido. Peña Nieto expuso durante su campaña que las poblaciones que viven en contacto con las operaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), cuya actividad provoca afectaciones ambientales en los mantos, ríos y lagunas, recibirían apoyo.
Sin embargo, antes del inicio del presente sexenio, Pemex ya impulsa el desarrollo sustentable de las regiones petroleras a través de los Programas de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA) a municipios de Veracruz, Tamaulipas, Tabasco, San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca, Nuevo León, Coahuila, Chiapas y Campeche. Aunque en Veracruz los alcaldes de Papantla, Coatzintla y Tihuatlán han acusado irregularidades en la entrega de donativos durante 2016.
Finalmente, el Presidente Peña Nieto firmó su compromiso 257 que de forma general dice “apoyo a comunidades indígenas”. En México hay más de 15 millones de indígenas.
La ASF en su informe parcial de la Cuenta Pública 2016 detectó que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) “careció de información” para acreditar que dio seguimiento al programa “Planeación y articulación de la acción pública hacia los pueblos indígenas” por el que recibió 991 millones 409 mil 900 pesos.
DEPORTE: LA ANARQUÍA
El Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018 emana del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. En él se identifican debilidades en el rubro lo que incluye atención deficiente en el ámbito del deporte social debido a la gran cantidad de municipios que hay en el país; los resultados de los deportistas, equipos y selecciones del país en el contexto internacional no son proporcionales a la densidad demográfica y la dimensión nacional, así como insuficiencias de las Asociaciones Deportivas Mexicanas y debilidad funcional de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).
Ante este diagnóstico, el presente gobierno ha cumplido cuatro de los 10 compromisos de campaña que firmó el Enrique Peña Nieto.
Miguel Ángel Lara Hidalgo, de la Red de investigadores sobre “Deporte, Cultura Física, Ocio y Recreación” de la Universidad Iberoamericana, destaca que los compromisos peñanietistas parecen haber sido firmados por una persona “que no tiene idea” de plataformas deportivas ni de cómo integrar al deporte a una política pública de desarrollo sustentable y estratégico.
Además, puso como director de la Conade a Alfredo Castillo Cervantes, “una figura cuestionada en el ámbito de la justicia, que no tiene absolutamente nada que ver con los planes de desarrollo”.
“Querer cambiar a las federaciones deportivas económica y estratégicamente desde las direcciones no ha funcionado porque primero debe erradicarse la corrupción y el deporte está innegablemente invadido”, afirma Lara Hidalgo.
Sobre el compromiso 141 sobre establecer una plataforma para reorganizar el sistema deportivo del país y transformar a México en una potencia en la materia, el investigador expone que “una potencia deportiva no sólo se refleja en medallas, sino en una mejor educación física y en hábitos de vida saludables de la ciudadanía, pero no lo tenemos”
Las promesas concluidas son cuatro. Se dio cumplimiento al compromiso 144 sobre un Sistema Nacional de Olimpiadas Interescolares, con la incursión del nivel secundaria en los Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Básica. Se tuvo la participación en la etapa final de 2 mil 665 deportistas y en el nivel de primaria de 4 mil 880.
Respecto a obras, el Gobierno de Yucatán entregó la modernización del Complejo Deportivo “Kukulcán” en enero de 2015 como parte del compromiso 243, lo que implicó una inversión de a los 324 millones de pesos.
En Guanajuato, el Presidente cumplió su compromiso 224 al entregar la Unidad Deportiva “Santiago Lira” en el municipio Valle de Santiago, y también se abrió en mayo del año pasado la Unidad Deportiva en el municipio Acámbaro.
Pero el resto ha quedado en promesa. En el Cuarto Informe de Gobierno se reportó que se han entregado 13 mil becas a atletas de alto rendimiento, lo que va en línea con su compromiso 146 sobre otorgar mayores apoyos para estos atletas.
No obstante, el investigador Miguel Ángel Lara estima que el sistema de alto rendimiento “está partido” porque no hay un apoyo a la educación y el sistema deportivo “es un fracaso”. Ese apoyo de 13 mil becas sólo lo reciben unos cuantos porque el sistema de becas no apoya a los jóvenes talento, argumenta.
Sobre el compromiso 147 de formar especialistas técnicos y entrenadores deportivos del país, existe desde hace más de tres décadas la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED) para 391 alumnos. Pero el académico de la Iberoamericana destaca que aunque esta escuela tiene programas bien diseñados, “la Conade le ha dado la espalda y ha encontrado pared para su desarrollo”. Además, dentro de la Reforma Educativa la educación física siguió ausente como uno de los ejes rectores y en las universidades públicas tampoco hay un seguimiento deportivo. Otro pendiente es la Unidad Deportiva en construcción de Acolman, Estado de México. Hasta abril del año pasado llevaba 53 por ciento de avance. El proyecto, correspondiente al compromiso 205, representa una inversión de 64 millones de pesos.
CAMPO: EL ETERNO OLVIDO
De los 17 compromisos que el Presidente firmó ante Notario Público en este ámbito, sólo ha cumplido cinco.
Lo anterior, a pesar de que datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) plantean que la agricultura contribuye con el 4 por ciento del Producto Interno Bruto nacional y hasta 2015, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la población ocupada en actividades agrícolas llegó hasta los 5.5 millones de personas.
Alivar Hernández Ramírez, de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, comenta que el campo presenta “muchísimos” requerimientos y necesidades, pero ni este ni los pasados Gobiernos han ido más allá de los discursos.
“El campo a nadie le interesa, sólo para cuestiones de discurso o para la fotografía. Este sexenio en el rubro de atención al campo, el balance es negativo. Yo soy indígena y visito mi comunidad al menos dos veces al año y cada vez que voy está más deteriorado, aun con los compromisos que haya celebrado cualquier Gobierno ante Notario o ante quien sea. La realidad del campo es preocupante”, afirma.
Erradicar la pobreza alimentaria e incrementar la producción agrícola para lograrlo son dos de los compromisos que Enrique Peña Nieto ha dejado del lado.
Los problemas van de la mano, dice el especialista: “El campo ha dejado de producir gracias al abandono y a la falta de programas sociales en el rubro” lo que, en parte, ha ocasionado que la pobreza alimentaria prolifere en todo el país, tanto en las zonas rurales, como en las urbanas.
La pobreza alimentaria y la alza en la producción agrícola, vaticina, no serán solucionadas en el sexenio actual ni en los próximos años y la situación acarrea problemas de otras índoles, como social y de salud.
En el tema social, según Fernando Pérez Correa, académico de la UNAM, el abandono al campo mexicano ha provocado que los trabajadores agrícolas dejen sus empleos para sumarse a las filas del crimen.
“Uno de los problemas estructurales más graves de México es que tenemos una gigantesca población que viene de familias campesinas que no tienen trabajo y nutren el pandillerismo y la actual violencia. ¿De dónde cree que vienen todos los elementos humanos que sostienen el crecimiento brutal de esta barbarie? Pues muchos salen del sector campesino desempleado”, asegura.
MEDIO AMBIENTE, UN DESASTRE
Desde el inicio de su mandato, el Presidente ha navegado con una bandera de cuidado al medio ambiente, pero sólo dedicó 2 de los 266 compromisos al rubro: desarrollar un programa de recuperación de áreas verdes de la Ciudad de México y sanear y reforestar la zona del Lago de Tequesquitengo, en Morelos. Pero no ha cumplido totalmente ninguno de los dos.
De acuerdo con especialistas, Peña Nieto dejó fuera diversos temas en materia de medio ambiente como son la contaminación ambiental, del agua, el acceso al vital líquido, el cuidado de la biodiversidad, la deforestación, los impactos de la minería a cielo abierto, entre otros.
Fernando Pérez Correa, de la Universidad Nacional Autónoma de México, afirma que en el actual sexenio, el rubro de medio ambiente ha sido una de las “insuficiencias visibles”, por lo que “el balance es negro”, dijo.
“El Presidente Peña ha expresado en reiteradas ocasiones un compromiso con el medio ambiente y los recursos naturales, sin embargo, sólo ha sido un ejercicio discursivo y de retórica que está muy lejos de la realidad que a diario todos los mexicanos vivimos. Dos compromisos no representan la dimensión del problema que afronta el país, resultan insuficientes a la luz del ejercicio gubernamental”, asegura el maestro Eduardo Torres, profesor e integrante del Seminario Universitario de Estudios sobre Sociedad, Instituciones y Recursos de la UNAM.
Por ello, el experto critica que en México el derecho a un medio ambiente sano –reconocido en el Artículo Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos– es violado.
Sin embargo, la violación al derecho no radica sólo en la legislación, pues recuerda que en el país existen más de 100 instrumentos legales vinculados al cuidado del medio ambiente, entre leyes, reglamentos, códigos, tratados y estatutos. En cambio, manifiesta, sí radica en la política con un enfoque mercantilista del uso de los recursos naturales, lo que además genera problemas sociales y políticos de comunidades que se oponen a la extracción de los recursos naturales, al uso de los bosques, del agua, etcétera.
“¿Cómo van a hacer efectivo el derecho a un medio ambiente sano y a la disposición de saneamiento y disposición de agua –contemplados también en el Artículo Cuarto Constitucional– si no los protegen? ¿Cómo el Gobierno de la República va a garantizar este derecho? ¿Con qué tipo de políticas? ¿Con qué actores participantes?”, se pregunta.
Pérez Correa reconoce que el tema de los recursos naturales y el medio ambiente en México “es un tema muy difícil y complejo que involucra los intereses más fuertes del país y que por lo mismo están sometidos a un regateo y a un enfrentamiento constantes”.
Ambos especialistas coinciden en que el Gobierno de Enrique Peña Nieto ha favorecido a las empresas y no el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. Como ejemplo citaron el caso de la minería, para este sector –uno de los más dañinos para el medio ambiente–, el país “ha sido un paraíso”. Y sí: de acuerdo con datos de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, actualmente mineras de Canadá operan 578 proyectos aquí.
La minería a cielo abierto, comenta Pérez Correa, provoca daños ambientales que duran incluso siglos y por esa razón está prohibida en distintos países, pero en México las empresas extranjeras, primordialmente las canadienses, operan sin restricciones.
“La minería es uno de los factores más importantes para el desastre. En toda la comunidad europea está prohibida la explotación de minas abiertas. En todos los países civilizados está prohibida. En México no”, lamenta.
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